Dos leyes para firmar
La AB1081 y la AB 2189 corrigen y adecúan cuestiones migratorias distintas
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PUBLICADO: Sep, 15, 2012 12:00 am EST
Sep 15, 2012 12:00 am EST
El gobernador Brown debe promulgar el proyecto de ley AB 1081, "TRUST Act", porque ayudará a restaurar la confianza de la comunidad inmigrante con las autoridades locales. Al mismo tiempo que no perjudicará la seguridad pública.
La medida, que espera la firma del gobernador, permite que las autoridades locales puedan cumplir con la solicitud federal de detener a un indocumentado acusado de un delito serio o violento. Esto significa un cambio en la manera que se está implementando el programa de Comunidades Seguras. Es regresar al propósito original por la cual fue establecido de "identificar y dar prioridad a los delincuentes extranjeros convictos de delitos violentos", en vez de utilizarlo como un instrumento para deportar a sospechosos de delitos menores e infracciones como las faltas de tránsito.
Este uso diseminado del programa ha minado la relación de sectores de la comunidad inmigrante con las autoridades del orden, ya que no reporta delitos por temor a ser deportados.
La restauración de esta confianza es mas importante para la seguridad pública, que el arresto, con intento de deportación, de una vendedora ambulante.
En este aspecto es inquietante que el sheriff de Los Ángeles, Lee Baca, esté opuesto a este proyecto. La instrumentación excesivamente celosa de Comunidades Seguras es otro ejemplo de mala administración que plaga la oficina de Baca.
Por otra parte, también se espera que Brown firme la AB 2189, que facilita el acceso a la licencia de conducir a cientos de miles de beneficiarios de la acción diferida migratoria.
Estos dos distintos, importantes, y ambos merecen ser firmados.
Por eso nos preocupa que esté circulando la idea de que el gobernador solo firmará una ley sobre inmigración, y por lo tanto, debe vetar una y apoyar otra. Esto está causando una división innecesaria, enfrentando tácitamente los intereses de un grupo de indocumentados por sobre el otro. Llegando a la pregunta de quién merece que lo ayuden y quién no.
Creemos que el gobernador Brown debe firmar ambas porque las dos hacen justicia a su manera. Una intenta corregir a nivel estatal la instrumentación de un confuso programa federal y la otra permite el privilegio de conducir a personas cuyo estado migratoria ya no es ser indocumentado.
Estos proyectos deben ser considerados por su valor y no por otras consideraciones políticas externas.
La medida, que espera la firma del gobernador, permite que las autoridades locales puedan cumplir con la solicitud federal de detener a un indocumentado acusado de un delito serio o violento. Esto significa un cambio en la manera que se está implementando el programa de Comunidades Seguras. Es regresar al propósito original por la cual fue establecido de "identificar y dar prioridad a los delincuentes extranjeros convictos de delitos violentos", en vez de utilizarlo como un instrumento para deportar a sospechosos de delitos menores e infracciones como las faltas de tránsito.
Este uso diseminado del programa ha minado la relación de sectores de la comunidad inmigrante con las autoridades del orden, ya que no reporta delitos por temor a ser deportados.
La restauración de esta confianza es mas importante para la seguridad pública, que el arresto, con intento de deportación, de una vendedora ambulante.
En este aspecto es inquietante que el sheriff de Los Ángeles, Lee Baca, esté opuesto a este proyecto. La instrumentación excesivamente celosa de Comunidades Seguras es otro ejemplo de mala administración que plaga la oficina de Baca.
Por otra parte, también se espera que Brown firme la AB 2189, que facilita el acceso a la licencia de conducir a cientos de miles de beneficiarios de la acción diferida migratoria.
Estos dos distintos, importantes, y ambos merecen ser firmados.
Por eso nos preocupa que esté circulando la idea de que el gobernador solo firmará una ley sobre inmigración, y por lo tanto, debe vetar una y apoyar otra. Esto está causando una división innecesaria, enfrentando tácitamente los intereses de un grupo de indocumentados por sobre el otro. Llegando a la pregunta de quién merece que lo ayuden y quién no.
Creemos que el gobernador Brown debe firmar ambas porque las dos hacen justicia a su manera. Una intenta corregir a nivel estatal la instrumentación de un confuso programa federal y la otra permite el privilegio de conducir a personas cuyo estado migratoria ya no es ser indocumentado.
Estos proyectos deben ser considerados por su valor y no por otras consideraciones políticas externas.
