Se unen para cambiar el sistema carcelario Latinos y afroamericanos se unen para cambiar el sistema carcelario

Activistas y académicos en Illinois consideran injustos los sistemas de detención migratoria y de encarcelamiento criminal porque se ensañan con las minorías y los inmigrantes. Llaman a un plan de acción conjunta.

Imagen exhibida en el evento realizado en la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) el pasado 5 de abril.

Imagen exhibida en el evento realizado en la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) el pasado 5 de abril.

Foto: Foto Fabiola Pomareda
PUBLICADO: EST Apr 15, 2012 1:01 am EST
Visualizar un paralelismo entre las políticas migratoria y la de justicia criminal de Estados Unidos es algo poco común, pero un grupo de académicos, activistas, religiosos e investigadores argumentan que los sistemas de encarcelamiento penal y de detención y deportación de inmigrantes están relacionados más de lo que se cree.

En un foro realizado recientemente se expusieron testimonios de cómo estos sistemas impactan a las personas y se propuso una movilización y alianza entre comunidades que pocas veces se unen, la latina y la afroamericana.

El inmigrante mexicano José Herrera, hoy activista local, dio su versión sobre su primer encuentro con la policía, con el sistema de justicia criminal de Illinois y con el de inmigración, en el evento realizado en la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) el pasado 5 de abril.

"No soy un 'alien', no soy una mercancía. Soy una persona de color, un padre, un estudiante, y resisto", dijo el joven. "Me han etiquetado como un criminal, por lo tanto me uno a la lucha de los marginados, de la gente de color. Nos han etiquetado como prisioneros, pero levantamos la voz y luchamos en contra del encarcelamiento de los seres humanos. Yo soy, José Guadalupe Herrera Soto", expresó.

El nativo de Iguala, Guerrero (México), llegó a Chicago a los siete años. En junio de 2008 la policía lo detuvo por supuestamente conducir con exceso de velocidad, en los alrededores de la Western y la Lawrence, según contó en una entrevista con La Raza en 2009.

Herrera no portaba licencia y fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. Fue arrestado y trasladado a la cárcel del Condado de Cook y se le impuso una orden de detención de inmigración. Estuvo detenido tres meses, hasta que se declaró culpable y le dieron libertad condicional por año y medio.

Según contó Herrera, lo pusieron en proceso de deportación en septiembre del 2008. El 1 de noviembre de este año tiene una audiencia ante una corte de inmigración en la que, junto con su abogado, solicitará la cancelación de su orden de deportación e intentará demostrar que ha vivido más de 10 años en Estados Unidos, es de buen carácter moral, no ha sido convicto de ningún crimen y que si es deportado le afectará gravemente a su hijo Josué, quien ahora tiene 11 años.

PUNTOS EN COMÚN

Las historias de latinos, afroamericanos e inmigrantes en el sistema judicial criminal y en el sistema de detención migratoria tienen puntos en común, según los organizadores del foro 'Forced Out, Crossroads of Detention and Incarceration'.

En el evento participaron líderes y activistas de dos frentes que pocas veces convergen. Por un lado, organizaciones dedicadas a los inmigrantes como Immigrant Advocacy Project, Moratorium on Deportations Campaign, Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados y Chicago New Sanctuary Coalition.

Y por otro organizaciones involucradas con el sistema judicial y carcelario, como Fighting to Overcome Records and Create Equality, Project NIA, Transformative Justice Law Project y Alternatives Education Institute.

También se impartieron talleres sobre diversos temas, entre ellos detenciones masivas, la intersección entre inmigración y el complejo industrial de prisiones, barreras que enfrentan los ex prisioneros para encontrar trabajo, la criminalización de los jóvenes, la construcción de la ilegalidad en los grupos marginados y los intentos de exconvictos por reintegrarse a la sociedad.

Ray Crossman, presidente de la Adler School of Professional Psychology, una de las instituciones organizadoras, comentó que "cuando se invierten más recursos en encarcelar a la gente de estas comunidades en vez de ayudarlas a levantarse, algo está mal".

EL SISTEMA

Elena Quintana, directora del Instituto de Seguridad Pública y Justicia Social de la escuela Adler, apuntó que hay 2.3 millones de estadounidenses en prisión y 7 millones más bajo la supervisión del sistema judicial.

Y cada año, alrededor de 200,000 jóvenes son juzgados, sentenciados o encarcelados en este país, según la presentación de Quintana que retoma información de la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de Delincuencia del Departamento de Justicia.

De acuerdo con el reporte 'Misplaced Priorities: Over Incarcerate, Under Educate', difundido en mayo del 2011, "la mayoría de los 2.3 millones de personas encarceladas en Estados Unidos son gente de color, con problemas de salud mental o adicciones, con bajo nivel de educación y con un historial de desempleo".

El reporte, elaborado por la National Association for the Advancement of Colored People, explica que a nivel nacional y en los últimos 20 años el gasto estatal en el sistema penitenciario aumentó seis veces más que el gasto estatal en educación superior.

Durante el evento también se expusieron cifras y datos sobre qué empresas están obteniendo ganancias como producto del manejo y la expansión del sistema carcelario en Estados Unidos.

"Muchas corporaciones privadas están haciendo grandes ganancias encarcelando a la gente", dijo Quintana, quien añadió que la compañía Corrections Corporations of America (CCA) "ha invitado a todos los gobernadores a vender sus prisiones para que no gasten fondos públicos en el sistema carcelario". CCA es una empresa privada que opera cárceles federales, estatales y locales previo contrato con las autoridades respectivas.

INMIGRANTES

En Illinois ha resonado en semanas recientes el caso de la propuesta de un centro de detención de inmigrantes en Crete. El Senado de Illinois acaba de aprobar un proyecto de ley que prohibiría que el estado, los condados y las municipalidades firmen contratos con empresas privadas para operar centros de detención civiles, como los que albergan a inmigrantes indocumentados.

De ser aprobada, la ley incidiría en los planes de CCA de construir el primer centro de detención de inmigrantes privado de Illinois. La propuesta ya fue presentada en la Cámara de Representantes y referida al Comité de Reglas.

El gobernador de Illinois, Pat Quinn, ha dicho que firmaría la ley si fuera aprobada por la legislatura, según declaraciones hechas por su vocera al portal Progress Illinois.

COMPARACIÓN

Quintana se refirió, asimismo, al paralelismo entre la política migratoria de Estados Unidos y la política de justicia criminal, exponiendo fechas claves y legislaciones aprobadas a lo largo de la historia.

La académica comparó cómo el encarcelamiento, la deportación y la detención de inmigrantes cambian vidas y presentan muchas similitudes en sus efectos.

Primero, explicó que si alguien es encarcelado, es etiquetado como 'criminal', trasladado a la fuerza a un lugar desconocido, separado de su familia, a veces sin la posibilidad de visitas regulares, sacado de su comunidad y alejado de redes de apoyo, despojado de sus derechos como ciudadano temporalmente y marginado económicamente con limitadas posibilidades de conseguir empleo.

Segundo, argumentó que si un inmigrante es detenido es etiquetado como 'ilegal'; trasladado a la fuerza a un lugar desconocido, separado de su familia sin la posibilidad de visitas regulares, sacado de su comunidad y alejado de redes de apoyo, marginado económicamente con mínimas posibilidades de conseguir empleo, y negada la posibilidad de residencia legal sin importar cuánto tiempo haya vivido en el país.

Por su parte, Beth Richie, directora del Institute for Research on Race and Public Policy de la UIC, afirmó que ya "es hora de tener este tipo de conversaciones".

"Es importante hablar de cómo la violencia, la degradación y el racismo se relacionan con el exceso de vigilancia y uso de la fuerza", destacó.

"Sabemos que ya es suficiente. Queremos acabar con este sistema y traer a nuestra gente a casa y tenemos que encontrar diferentes formas de compartir el poder, de unir los movimientos. Hay tensiones que no han sido resueltas y tenemos que trabajarlo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo?", añadió Richie.

Agrega un comentario

MÁS NOTAS