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WASHINGTON, D.C.- Organizaciones hispanas, de derechos civiles, sindicatos y centros académicos se unieron ayer, al exigirle a empresas automotrices con sedes en Alabama, que tomen una posición respecto a la ley HB 56. No se descarta un posible boicot en un futuro cercano.
"No existe ninguna manera de arreglar la HB56. La única opción que tiene sentido es que la legislatura rechace por completo esta odiosa legislación", enfatizó Wade Henderson, presidente y CEO de The Leaderhip Conference on Civil and Human Rights. Ayer precisamente, la legislatura estatal del estado comenzaría su nuevo período de sesiones.
Desde su promulgación, el año pasado, la iniciativa ha sido calificada como la más anti inmigrante, hasta el momento en Estados Unidos. Entre otras cosas, exigía la revisión del estatus migratorio y permitía a las escuelas indagar y revelar el estatus de los alumnos y sus familiares.
Asimismo, prohibía a los indocumentados realizar transacciones de negocios con empresas del estado, lo que repercutía en necesidades tan básicas como el pago de alquiler y acceso a suministros públicos.
"La HB56 creó un desastre económico y de derechos civiles en el estado. En cuanto se aprobó la legislación creamos una línea de ayuda para la gente y hasta hoy hemos recibido, 5,164 llamadas con personas angustiadas. Víctimas de violencia doméstica, trabajadores, familias con hijos en escuelas", explicó Richard Cohen, presidente del Centro para la Pobreza del Sur de Alabama.
Luego de que varias de las disposiciones de la HB56 fueran bloqueadas por la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, el Procurador General de Alabama, Luther Strange, planteó cambios a la legislación. Sugirió la derogación de algunos artículos que podían dificultar la vida de ciudadanos estadounidenses.
El cambio de actitud vino luego de que dos trabajadores extranjeros de las plantas de ensamblaje automotriz Honda y Mercedez fueran detenidos por no portar los documentos que probaban su estatus migratorio.
Desde entonces, organizaciones de derechos civiles e hispanas han insistido en la necesidad de que las empresas automotrices se declaren en contra de la medida. En Alabama operan empresas Toyota, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz entre otras marcas.
Sin recibir una respuesta satisfactoria, la coalición integrada por ACLU, NCLR, AFL-CIO, SEIU, LULAC, MALDEF, Centro para el Progreso Americano, entre otros, lanzaron una nueva campaña para presionar públicamente a las empresas.
A través del sitio web www.repealhb56.org las organizaciones difundieron tres cartas enviadas e Honda, Hyunday y Mercedez, el 19 de enero. Además, especificaron que mandarán cartas similares a las 50 compañías extranjeras en Alabama, en un esfuerzo por conseguir el respaldo de la comunidad empresarial para repeler la ley.
"Ya hemos tenido contacto con Honda y nos reuniremos con ellos en un futuro cercano"; especificó Janet Murguía, presidenta de NCLR. "En este momento, los esfuerzos están concentrados en esto. Analizaremos los hechos, mientras se vayan desarrollando. Quizás en cierto punto, esto amerite tener una discusión respecto a un boicot", agregó.
El Centro de Investigación de Negocios y Economía de la Universidad de Alabama anunció la semana pasada que entre 70 mil y 140 mil inmigrantes indocumentados podrían perder sus trabajos en el estado debido a la legislación. Eso costaría al estado entre 1,200 millones y 5,800 millones de dólares en ingresos generados por ese sector de la población, además de entre 56.7 millones y 264.5 millones de dólares en impuestos al salario y a las ventas.
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