Leyes que sirven, otras que no
El recién concluido 2015 fue uno de los peores años que se recuerden para la legislatura estatal en Springfield. No sólo no se aprobó un presupuesto, sino que el divorcio entre la mayoría demócrata de ambas cámaras y el gobernador Bruce Rauner parece irremediable.
Illinois podría declararse incapaz de pagar las obligaciones creadas por las pensiones de miles de trabajadores estatales, algo que significaría la ruina para el estado. De momento, funciona con “parches” presupuestales lo que no impide que muchas organizaciones sociales se hayan visto obligadas a cerrar sus puertas, reducir horas o programas, o recortar personal por falta de fondos.
Con todo, la legislatura logró aprobar en 2015 un total de 236 leyes. Vale la pena subrayar algunas leyes de impacto que ya entraron en vigor, como la que autoriza la colocación de cámaras de video en residencias para ancianos, a fin de protegerlos contra abusos y maltratos; o la que refuerza una antigua disposición internacional en la cual si un extranjero es detenido por la policía debe ser inmediatamente informado por la misma de su derecho a contactar a su consulado.
Me quiero fijar con atención en las leyes promovidas por el llamado Caucus Latino de la legislatura estatal. Éste está formado por legisladores de origen latino (y algunos que no lo son, como Daniel Burke, pero cuyos distritos son de mayoría de población latina).
Me preocupa esto: de las 236 iniciativas de ley que la Asamblea General aprobó y el gobernador firmó, sólo 26 provinieron de legisladores latinos. De estos, sólo los senadores Iris Martínez y Antonio Muñoz, y la representante Cynthia Soto, fueron los principales propulsores en más de tres. Y legisladores como el senador Martín Sandoval y el representante Eddie Acevedo sólo promovieron dos, en tanto otros legisladores como Linda Chapa LaVía, Elizabeth Hernández y Luis Arroyo no promovieron ninguna. Ninguna.
¿Cómo lo justifican? Según datos del Illinois Policy Institute, los representantes estatales de Illinois están entre los mejor pagados del país. La señora Chapa LaVía, por ejemplo, cobra $76 mil, según datos de la Contraloría Estatal. ¿Y no consigue que le aprueben ni una sola ley en todo un año? El senador Sandoval gana lo mismo, y apenas metió dos leyes.
Insisto en algo en que he insistido antes: es necesario, es urgente, que los votantes latinos llamen a estas personas, a quien se les paga un muy buen salario y beneficios médicos y pensiones, a rendir cuentas. Es urgente en un estado que lleva seis meses sin presupuesto pero que, eso sí, ha promulgado una ley declarando al pie de calabaza como el pastel oficial de Illinois (no me lo estoy inventado: http://www.ilga.gov/legislation/publicacts/fulltext.asp?Name=099-0364&GA=99).
